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Estudiarán en comisiones iniciativas presentadas por legisladoras

Hermosillo, Son. 11 de mayo de 2017.- Iniciativas para que el informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presente por escrito y para reducir el consumo nocivo de alcohol, fueron presentadas por las diputadas Ana Luisa Valdés Avilés y Lisette López Godínez, durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente.


Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, estudiarán las iniciativas, informó el presidente de la mesa directiva, diputado Emeterio Ochoa Bazúa. Estuvieron presentes los diputados José Ángel Rochín López, vicepresidente y Fermín Trujillo Fuentes, secretario.


La primera iniciativa busca reformar el segundo párrafo del Artículo 20 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la segunda para adicionar una fracción VIII Bis al Artículo 2 y una fracción I Bis al Artículo 14 de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.


A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Ana Luisa Valdés Avilés expuso que en la Ley que crea la CEDH se establece que el Comité Consultivo de la Comisión tiene como atribución:


“Conocer anualmente el informe que deberá rendir el Presidente sobre el ejercicio presupuestal respectivo, junto con opinión de auditor externo sobre dicho gasto, así como recibir, por trimestres vencidos dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre natural, información detallada sobre los avances del mismo”.


En dicho precepto también se establece que, para los efectos del citado informe, durante la primera semana del mes de febrero de cada año se celebrará sesión pública solemne en el recinto del Congreso, con la presencia de los diputados, el Gobernador y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, agregó.


La nueva dinámica de transparencia y acceso a la información pública obliga a los entes públicos, no sólo a rendir informes en los que las entidades y dependencias expongan unilateralmente el estado que guardan sus asuntos, dijo la legisladora, sino que es necesario que dichos informes se conozcan y analicen a detalle, y de esta forma pueda existir un intercambio de opiniones y debate sobre el quehacer de cada órgano gubernamental.

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